El “ventilador” de GUSTAVO MORENO, exfiscal anticorrupción, le ha develado al país lo que, tristemente, ha sido vox populi para la comunidad jurídica; de ninguna otra manera se explican decisiones judiciales totalmente ajenas a las normas legales, a la evidencia probatoria y a los precedentes jurisprudenciales si no es cumpliendo con aquellas los deleznables compromisos adquiridos.
Ya teníamos suficiente con ser leídos por empleados y funcionarios judiciales absolutamente incompetentes para sumarle lo que era nuestro temor perenne: que sí es verdad que se negocia con la justicia. Lo paradójico es que los señores jueces y, por supuesto, los honorables magistrados de tribunales y altas cortes son inaccesibles para los abogados y qué no decir, para las partes, mucho más si se trata de ciudadanos del común!
Con cuanto desdén se nos niega la posibilidad de exponer circunstancias especiales de preocupación y necesidad en cuanto a los derechos fundamentales de que somos voceros con la que consabida frase cuando se pretende siquiera pisar su despacho: “El doctor no recibe abogados ni partes; todo páselo por escrito; el proceso está en turno”. Con qué facilidad se les llega cuando de componendas repudiables se trata: no parece haber auxiliar ni secretario alguno insuperable! Y que sean estos personajes los que decidan sobre la malversación y apropiación de dineros públicos; sobre la responsabilidad del estado colombiano en causas contractuales de enorme trascendencia para los servicios públicos esenciales como la infraestructura; que sean estos personajes los detentadores de la suerte de bienes y personas no conforme con su leal saber entender, con las reglas de la sana crítica ni con la sabia ponderación de argumentos jurídicos, éticos o de equidad sino al acomodo de sus propios intereses nos produce una sensación tal de orfandad, de desconsuelo y una indignación de tal magnitud que el horizonte llega a otearse sin luz, sin esperanza; nos duele este país que se empeña cada día por valores supremos de honradez, de decoro, por una vida digna enaltecida por el deber cumplido y el dinero ganado con responsabilidad, dedicación y esfuerzo personales mientras que otros, precisamente los llamados a la mayor probidad como conductores de la civilización y de la juridicidad, se lucran de manera infame.
Estos delincuentes, los de la RAMA JUDICIAL, no solo lo son de cuello blanco sino que agregan a su fuero el ser verdaderos depredadores de la confianza de la nación. En qué momento pecamos tanto que esa es la justicia que Colombia se merece? Es la hora de la sanción social. De restarle tanta pleitesía a los jueces y a los magistrados a quienes usualmente solemos encumbrar en la majestad de la justicia. Es la hora de que la función judicial sea constantemente monitoreada y así quienes acceden a ella; no mas con los actuales mecanismos de acceso pero sobre todo un no rotundo a continuar con el sistema de evaluación para la permanencia de sus miembros quienes deben no solamente parecer sino definitivamente ser los mas preparados, actualizados, competentes y probos a quienes podamos acceder así sea a través de la humillante ventanilla destinada a la atención del público.
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