Con el cambio de gobierno vuelven a soplar vientos de reforma a la rama judicial bajo el mismo cacareado argumento de superar la congestión de los despachos y la mora en los procesos. Por la ocurrencia de sucesos mediáticos de corrupción al interior de todos los niveles de la Rama –jueces, fiscales y magistrados tanto de tribunales como de altas cortes- con denominación propia –Cartel de la toga, Cartel de las pensiones, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, el caso Carlos Mattos -Hiunday, Luis Gustavo Moreno Rivera, José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gómez, etc.- se enarbolan soluciones casuísticas que en nada contribuyen con propósitos esenciales en tanto que siempre habrá un acontecimiento que haga pensar en que algo se olvidó en el tintero y que no se tiene la fórmula para solventarlo; siendo que ayer, hoy y mañana para cuanto tiene que ver con el poder judicial, cuando se ha querido hacerlo, obedeciendo a cada quien sabrá qué fines, se ha acudido a la postura dominante con apoyo en cualquiera de las fuentes del derecho –a menudo del vertedero propio e inclusive cambiando convenientemente de antecedente-. Los demás objetivos –mejorar el acceso, generar seguridad jurídica, finalizar la politización del sistema, lograr un mejor manejo administrativo y financiero de la Rama, etc.- vaya Dios a saber cómo se irán a lograr teniendo en cuenta el número y linaje de los intereses económicos y de toda índole que resultarían afectados. La REFORMA A LA ACCIÓN DE TUTELA no podía ser ajena a esos “anhelos de renovación” impulsada por quienes, desde sus escritorios, carecen del más mínimo conocimiento sobre la esencia democrática y de verdadera eficacia para la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos que esta institución ha significado pese a subsistir–se ha insistido en abatirla- dentro de un engranaje que, sobre la premisa de acelerar la resolución de las distintas controversias que es, de paso, la misma bandera de la ORALIDAD, termina sacrificando la calidad de la justicia y dando al traste con lo que aún nos queda de seguridad jurídica con el consiguiente atropello de cualquier garantía indubio pro. La acción constitucional de Tutela es la única herramienta con la que hemos contado los abogados para lograr que se corrigieran aberrantes determinaciones que llenarían de sonrojo al más intransigente opositor de cualquier remedo de democracia y sí regocijarían a la más pálida réplica de régimen autoritario alguno. En lugar de siquiera manosear asidos de mera información estadística sobre la asiduidad con la que se recurre a esta preciosísima joya para tildarla de responsable de la congestión judicial en cambio de, por eso mismo, concluir que algo funciona mal dentro del sistema cuando los ciudadanos han sido compelidos a hacer uso de un mecanismo concebido como excepcional y preferente lo que hay es que protegerla, empoderarla, dotarla de una jurisdicción propia, desobstaculizarla, DARLE EL LUGAR QUE SE MERECE y, por supuesto, atribuirle algún efecto de calificación para el juez –bien sea singular o colegiado- al que rutinariamente se le demanden por esta vía sus decisiones y/o se le reformen o revoquen lo que contribuiría –con muchas otras medidas que en tal sentido deben tomarse– a la CALIDAD del oficio de quienes las profieren–que por lo menos el asunto no cuente dentro de la “estadística” de congestión del respectivo despacho-. Antes que aterrarse, como efecto de darle una mirada superficial a la cantidad de tutelas que a diario se entablan en el país, es indispensable detenerse en las injusticias de distinta naturaleza que gracias a ella se ha conseguido reparar y con esa lectura informada y distinta atesorarla como precedente de verdadero lujo de sus materias que no lo son únicamente pensiones y salud sino que, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, también pueden serlo las providencias judiciales que antes gozaban de la invulnerabilidad de la única instancia o de la apelación o la casación como cierre cual si el mas preciado derecho, se itera, en cualquier remedo de democracia, el derecho fundamental de defensa, no valiera la pena una revisión adicional al calor de sábanas distintas a las de los Jorge Pretelt, Gustavo Malo, Francisco Gómez, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino…..excelsos funcionarios judiciales de reconocida honorabilidad e incuestionable sabiduría jurídica!